Los ERTE estructurales se financiarán con un fondo que pagarán los trabajadores, las empresas y la Administración

La gran mayoría de reformas asociadas al mercado de trabajo remitidas a Bruselas deberán estar listas en 2021: la negociación colectiva, la subcontratación, la reducción a tres tipos de contratos, la regulación de los ERTE estructurales, que se financiará con aportaciones de empresas, trabajadores y la Administración… Solo una parte de las políticas activas de empleo quedan para 2022, la que tiene que ver con los cambios en la Ley de Empleo. También se abordará el año que viene la fusión de todos los subsidios asistenciales (subsidio, renta activa de inserción…) en uno solo.

Uno de los puntos fuertes de la reforma laboral que prevé el Ejecutivo está en la regulación y en la financiación de los ERTE estructurales, que consisten en cambiar la norma ordinaria actual —no las extraordinarias aprobadas durante la pandemia— para impulsar el desarrollo de esta herramienta de flexibilidad interna en las empresas, muy poco utilizada hasta que llegó la covid-19. Poco apunta sobre la primera parte, la regulación, el documento remitido a Bruselas, salvo que aprovechará la experiencia del último año con esta herramienta extraordinaria desplegada para afrontar el golpe de la pandemia. Más dice sobre cómo se pagarán: un fondo tripartito en el que empresas, trabajadores y Administración harán sus aportaciones. En el caso de los dos primeros, apunta al uso de la recaudación sobrante por el seguro de desempleo durante las épocas de bonanza; la contribución por parte del Estado llegaría en forma de exenciones en las cotizaciones. El Ejecutivo también apunta que para su despliegue inicial recurriría a los créditos del fondo de recuperación europeo.

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Otra de las grandes reformas previstas es la de la negociación colectiva, probablemente la que más fricciones ha provocado en el seno del Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. El anuncio del Ejecutivo a la Comisión Europea habla de la “modernización”, modificando aspectos como la “ultraactividad” o prórroga automática de los convenios que caducan, la relación entre los convenios sectoriales y de empresa o los cambios de condiciones laborales.

El otro gran elemento es la reducción de la temporalidad. Para ello, se plantea la reducción de los tipos de contratos a tres (indefinido, temporal y de formación), más control de la Inspección en el fraude, menos excesos en el sector público y “establecer un mecanismo para eliminar el abuso de la contratación temporal, aislada o concatenada, sobre una misma persona trabajadora o un mismo puesto de trabajo”.

Además, se prevé revisar las bonificaciones o ayudas a la contratación. Es casi un lugar común entre los investigadores del mercado laboral destacar su ineficacia a la hora de crear empleo y todavía más cuando no se concentran solo en los colectivos que lo necesitan, para facilitar su inserción en el mercado laboral. Esta partida supone un 25% del gasto en políticas activas de empleo y “no ha logrado resolver los problemas estructurales del mercado laboral español, demostrándose poco eficaces para lograr un impacto que perdure en el tiempo”. El objetivo, siguiendo las recomendaciones del examen hecho por la Autoridad Fiscal, es reducir estos incentivos para fijarlos solo sobre colectivos desfavorecidos y simplificar los requisitos para las empresas beneficiarias.

El Gobierno también cifra sus planes de inversión con los fondos europeos destinados a las políticas laborales: 2.363 millones. La partida más grande es la destinada al empleo joven, 756 millones, que se gastarán entre 2021 y 2023. Este dinero estará asociado al desarrollo de varios programas y un plan de choque por el empleo juvenil.